External Expansion Limited

Thursday, 4 September 2014

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA EN CONTEXTOS DE CONFLICTO Y POSTCONFLICTO


Dados los últimos acontecimientos que se viven a nivel internacional por los diferentes conflictos bélicos que afectan al correcto funcionamiento comercial en muchos países, a través de las redes sociales, nos han llegado algunas consultas de cómo se debe actuar en estas situaciones. Si bien contamos con experiencia profesional en algunos países que actualmente se ven afectados y en consecuencia conocemos los derechos y obligaciones que las empresas internacionales debemos cumplir en estos contextos concretos, nos hemos propuesto investigar al respecto y, a través de nuestro blog, exponer la información relevante sobre las llamadas Políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), derivadas de las políticas relativas al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que toda empresa que interacciona en estas situaciones o en algún momento se vea involucrada en ellas, debe conocer a la perfección para su propio funcionamiento durante el conflicto y a posteriori. Hay 13 conflictos que empañan el mundo ahora mismo: (En Europa) Ucrania; (En Asía) Palestina-Gaza, Siria, Irak, Afganistán, Yemen y Pakistán; (En África) República Centroafricana, Sudán del Sur, Mali, Somalia, República Democrática del Congo y Nigeria.




En los contextos de conflicto en los que interaccionan las empresas existen diversos actores armados, tanto regulares como irregulares, que ejercen su poder en estos entornos de violencia, ya sean Gobiernos o sus fuerzas armadas, contra uno o varios grupos también armados de oposición. Asimismo destacan otros grupos irregulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas que utilizan principalmente armamento bélico convencional, aunque cada vez más a menudo realizan ataques suicidas, atentados, ejercen violencia sexual y fomentan el hambre, ya que tienen un mayor impacto sobre la población civil. Mayoritariamente los conflictos armados se han vinculado a aspiraciones sobre su identidad y demandas de mayor autogobierno por alguna de las partes. En algunos países, el control de los recursos naturales y del territorio han sido el origen y dinámica de los conflictos que conducen a crisis humanitarias de gran envergadura, con situaciones de violencia que generan víctimas mortales, desplazamientos forzados, epidemias y hambrunas que afectan en gran medida a la población, debilitando o colapsando parcial o totalmente la estructura económica, social y política del país que los sufre. La comunidad internacional, con el afán de establecer un mínimo orden para esta clase de contextos, ha creado el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que debería ser tenido en cuenta por parte de las empresas en sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya hay muchas empresas que han adoptado políticas de derechos humanos, pero son pocas las que incorporan en sus políticas de RSE las políticas relativas al DIH, por lo tanto, aquellas empresas que gestionen esta cuestión de forma innovadora, tomarán una posición pionera para afrontar mejor preparadas este nuevo reto de la RSE a escala global, además de contribuir enormemente a la sociedad y a la paz de los países afectados. A continuación, haremos una breve explicación del DIH y cómo éste deberá integrarse en las políticas de RSE que deben tener en cuenta las empresas internacionales o locales que se vean involucradas en los países afectados por conflictos armados, ya sea durante el momento en el que ocurren los hechos como posteriormente.



El DIH es el conjunto de normas reconocido internacionalmente para reglamentar las situaciones de conflicto armado determinando los métodos y medios a utilizar por los actores armados. Existen cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, que constituyen la base instrumental del DIH. Más tarde se han celebrado nuevos Protocolos que reglamentaron la prohibición o restricción del uso de determinadas armas, dirigidas principalmente para las empresas que producen o comercializan cualquier tipo de armamento militar y que operan en los países en conflicto. La mayoría de los Estados han ratificado estos Convenios, pero por lo general y lamentablemente, sus normas no son respetadas por los grupos armados en conflicto ya sean gubernamentales o de oposición. A su vez, son pocas las empresas que tienen presente que en estos contextos deben respetarse los derechos humanos y debe imperar el DIH que comporta una serie de derechos y obligaciones, siendo una de ellas la asignación de protección tanto al personal (local, expatriado o subcontratados) como a sus activos e inversiones de capital. Por el principio de inmunidad de la población civil, las fábricas, oficinas, vehículos, terrenos y recursos de carácter civil también están protegidos de los ataques deliberados o indiscriminados, así como del pillaje o violaciones a la propiedad privada que debería ser restituida o indemnizada al finalizar el conflicto. El DIH también asigna protección a las personas secuestradas, delito al que es sometido en reiteradas ocasiones el personal de algunas empresas que interaccionan en estos contextos. Respecto a las personas estipula claramente que éstas no puedan estar obligadas a ejercer su trabajo de manera forzosa, considerándose éste la prestación de un trabajo o servicio bajo la amenaza de una sanción y su realización no voluntaria. Las obligaciones para las empresas o su personal en el cumplimiento y respeto del DIH, estipulan que las mismas deberán responder penal o civilmente en caso de incumplir las normas en las que se demuestre su complicidad en algún hecho relacionado con el conflicto. El DIH dispone que, no sólo los autores de las violaciones sino también sus superiores, pueden ser responsables penalmente de la comisión de un crimen de guerra, o civilmente por daños y perjuicios.



En los entornos complejos de conflicto existen tres ámbitos que están interconectados entre sí y que deberán estar reflejados en las políticas de RSE, siendo éstos los derechos humanos, el desarrollo y la paz. Por lo tanto, la RSE de las empresas no puede desligarse del contexto en el que operan, debiendo reflejar y dar respuesta a los retos que se les plantean en su entorno cercano a escala local, que a su vez están ligados a los desafíos que enfrenta la humanidad a escala mundial. Es innegable, y conocido por todos, que una parte importante de la actividad empresarial y de inversión directa extranjera a escala global tiene lugar en países en conflicto y postconflicto, ya que son países que cuentan con diversos atractivos en el ámbito de los negocios, principalmente vinculados a la explotación de los recursos naturales, mercados importantes y costes de producción ventajosos, entre otros atractivos comerciales. Estos negocios atractivos, a pesar de situarse en entornos complejos e inseguros, atraen a empresas que actúan a nivel global, o bien son explotados por empresas nacionales que suministran a otras cadenas de escala mundial por lo que son estratégicamente de interés general. Es por ello, que es importante el papel que juegan estas empresas en cuanto a su política de RSE en los países en conflicto, ya que sus operaciones pueden contribuir a sentar las bases de la paz, o bien, a reavivar más las causas del conflicto. Por esto es que el DIH requiera que las empresas contribuyan a la paz con una perspectiva de sensibilidad al conflicto, debiendo las empresas comprender y anticipar su interacción en el contexto evitando los impactos negativos y maximizando los positivos de forma neutral. Para ello es importante conocer bien el conflicto y sus actores (stakeholders o partes intervinientes) para construir una política de RSE sensible al conflicto que tenga como eje de trabajo prioritario a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia del conflicto armado. Las empresas deben ser cuidadosas a la hora de evitar ser cómplices de violaciones de derechos humanos o de participar en el conflicto, corriendo el riesgo de ser responsables ante la ley a través, por ejemplo, de proporcionar apoyo logístico en términos comerciales a alguna de las partes en conflicto (Gobierno u oposición) pudiendo facilitar la comisión de violaciones del DIH. Otra cuestión es que las empresas adquieran los recursos y bienes de estos países con el libre consentimiento del propietario sin la intervención de amenazas, intimidaciones o abusos de poder a menudo dados a través de terceros, porque de lo contrario podrían ser acusadas de pillaje. También, las empresas deben prestar atención a las personas o empresas encargadas de garantizar su seguridad, tanto del personal como de las instalaciones, así como a la gestión de cuestiones derivadas de la violencia, como puede ser la privación de libertad de su personal y su discriminación. Por lo tanto, la responsabilidad corporativa o individual es un elemento muy importante a tener en cuenta por las empresas a la hora de evaluar los riesgos derivados de las actividades que llevan a cabo en estos países durante el conflicto y el período postbélico, ya que determinadas situaciones podrían suponer incluso, la complicidad de la empresa en abusos a los derechos humanos, aún cuando la empresa desconozca estas circunstancias.



En conclusión, podemos decir que el DIH regula las situaciones de conflicto armado o guerra, y las empresas que operen en estos contextos no sólo deberán estar atentas a sus derechos sino también a sus obligaciones, prestando especial atención a los stakeholders (internos y externos) con los que interaccionan para conocer a fondo la verdad y participar con neutralidad dentro de su propio marco de políticas de RSE. Deberán ser especialmente vigilantes respecto al tipo de relación que deseen mantener con la comunidad local y el grado de conflictividad de la zona. Deberán tener sumo cuidado con la utilización de personas en situación de trabajo forzoso y adquirir los recursos o bienes de estos países con el libre consentimiento del propietario. Deberán conocer los riesgos que implica para su reputación el hacer negocios con determinadas personas o élites que posteriormente, según datos o informes de agencias de Naciones Unidas, resultasen ser las responsables de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto o que tuviesen intereses en discriminar y reprimir algún territorio o etnia durante el conflicto o postconflicto, siendo necesaria una mirada sensible al contexto. En relación al período de postconflicto, se podrían producir cambios a los que se debe estar atento teniendo siempre presente la evolución de los indicadores de justicia transicional del país y si éstos tienen algún punto de intersección con las políticas o actividades que desarrollan, por ejemplo, en el ámbito de la reconciliación. Las empresas deberán contribuir a la paz y al finalizar un conflicto contratar a personas de manera equilibrada entre las diferentes etnias anteriormente enfrentadas para no privilegiar a unos en detrimento de otros, evitando propiciar así un nuevo estallido de violencia. Creemos que lo expuesto les será de utilidad para saber manejarse en estos países conflictivos, valorar tener unas políticas internas de RSE basadas en el DIH para afrontar mejor los retos a escala global y contribuir positivamente a la sociedad.



Si desea mayor información o requiere de servicios relacionados con este artículo, no dude en ponerse en contacto a través de nuestra página web en www.externalexpansion.net o directamente en nuestro correo electrónico info@externalexpansion.net.



Hasta el próximo artículo...

Leonardo Dufau
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